Panamá: Minsa, Bio Materiales y la excepción al registro sanitario

Qué publicó La Prensa sobre el Minsa y Bio Materiales

En Panamá, el diario La Prensa publicó el 8 de junio de 2026 que Bio Materiales, S.A., empresa de insumos médicos y odontológicos donde el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, fue accionista durante 28 años, participa en compras del Ministerio de Salud (Minsa). El ministro renunció a sus cargos en la empresa el 13 de junio de 2024, y la renuncia se inscribió en el Registro Público el 18 de junio, doce días antes de su toma de posesión¹. La Prensa documentó entonces al menos dos compras por un total de 1 212 000 dólares entre 2024 y 2026¹¹⁰.

El 21 de junio, la Unidad Investigativa de La Prensa (Rolando Rodríguez B.) añadió el capítulo de los medicamentos. Según ese reportaje, el 16 de mayo de 2025 Boyd firmó una resolución que delegó en el secretario general del Minsa la firma de compras directas excepcionales de hasta 500 000 dólares, y ese mismo día aprobó por escrito la contratación directa de Bio Materiales mediante un “procedimiento excepcional”: dos compras de 199 967 y 199 997 dólares, 399 964 en total. El director de Medicamentos e Insumos para la Salud, Eric Iván Conte, invocó “urgencia evidente”².

El punto que interesa al médico es regulatorio. Según La Prensa, el 25 de julio de 2025 el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, envió tres cartas a la regente farmacéutica de Bio Materiales autorizando importaciones “por excepción al Registro Sanitario” de medicamentos comprados a laboratorios de India que no tenían registro sanitario en Panamá. Los productos se entregaron el 19 de agosto de 2025². El diario sitúa las ventas de la empresa al Minsa durante la gestión de Boyd en unos 2,4 millones de dólares².

El 22 de junio, La Prensa publicó una segunda entrega: cuatro compras directas de trivitaminas ACD aprobadas por Boyd por 199 500 dólares cada una (798 000 en total) y una licitación de 805 000 dólares para 2 300 piezas de mano dentales a la que solo se presentó Bio Materiales³. El diario dice que envió cuestionarios a Boyd y a su exsocio, y que no recibió respuesta al cierre de esas ediciones²³.

La excepción al registro sanitario en la Ley 419

El Minsa explicó que aplicó la Ley 419 de 2024, que permite a la DNFD autorizar la importación de medicamentos sin registro sanitario cuando no hay disponibilidad local⁴⁵. En el texto de la ley publicado en vLex, el artículo 45 (“Excepciones al registro sanitario”) faculta a la Autoridad de Salud a autorizar importaciones sin registro, con solicitud técnicamente razonada y en casos enumerados; uno de ellos es: “Cuando no exista disponibilidad del medicamento en el mercado local para iniciar o continuar un tratamiento médico”¹¹.

El mismo texto fija condiciones: el producto importado “deberá contar con certificado de buenas prácticas de fabricación vigente” (artículo 46) y, entre los requisitos de la excepción, figura la “receta médica o carta de la institución requirente” (artículo 47)¹¹. Una columna de opinión de organizaciones de pacientes describe además que el mecanismo de negociación centralizada de la ley “permite comprar sin registro sanitario en casos críticos”¹². Conviene leer los artículos completos en la Gaceta Oficial antes de citarlos en un documento formal.

Lo que responden Boyd y el Minsa

El Minsa respondió por comunicado el 21 de junio: las compras responden exclusivamente a la necesidad de evitar el desabastecimiento de productos esenciales, se trata de clotrimazol 100 mg, nifedipina 10 mg, propranolol 40 mg y trivitaminas ACD, y la falta de proveedores (27 actos públicos desiertos entre 2018 y 2024) afectaba a más de 150 000 pacientes. Añadió que los productos importados deben cumplir requisitos técnicos, regulatorios y sanitarios, y rechazó cualquier trato preferencial⁴⁵.

Boyd, por su parte, dijo a TVN que no tiene vínculo actual con la empresa, que vendió sus acciones y salió de la directiva antes de asumir, y que lo tiene documentado ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Afirmó que no escoge contratistas, que las compras directas ocurren cuando una licitación queda desierta —citó un medicamento licitado 27 veces sin éxito— y que envió una carta a la Contraloría General para pedir auditorías de sus actuaciones desde el 1 de julio de 2024⁶. Semanas antes, en declaraciones recogidas por Panamá América y Crítica, había dicho: “tuve que desprenderme de la compañía cuando tomé mi posición de ministro en el año 2024” y que la empresa seguiría licitando porque “yo no puedo evitar ni decirle a mi exsocio que quiebre la compañía”⁷⁸.

Hay discrepancias que no están resueltas en las fuentes. La Prensa señala que Boyd no ha dicho qué hizo con sus acciones¹² y que le pidió, sin respuesta, su declaración jurada de intereses³; Boyd sostiene que vendió y que lo documentó. No encontramos, al 7 de noviembre de 2026, una resolución de la Contraloría ni de la Antai sobre estas compras. Newsroom Panama recogió el mismo caso⁹ y la frase de Boyd de que su administración “no encubre a nadie”¹⁰.

Qué se le exige a un particular frente a lo que permite el Estado

La Ley 419 define el registro sanitario como la “autorización expedida por la Autoridad de Salud para la importación y/o comercialización de un producto farmacéutico”, previa evaluación¹¹. Para obtenerlo, el fabricante o su representante presenta a través de abogado una solicitud con un expediente que incluye poder, certificado de producto tipo OMS, fórmula cualitativa y cuantitativa, monografía, métodos analíticos, estudios de seguridad y eficacia, estudios de estabilidad, etiquetado, muestras y comprobante de pago (artículo 29)¹¹.

La lectura jurídica correcta es que la excepción no es un atajo informal sino otra vía de la misma ley, con sus propias condiciones. La lectura de política pública, que es la que alimenta el debate, es otra: cuando el Estado compra por excepción a un proveedor con vínculos previos con la autoridad, la ciudadanía y los médicos esperan trazabilidad: quién certificó las buenas prácticas de manufactura, qué análisis se hicieron al lote, por qué no hubo cotización en línea y cómo se vigila el producto después. Es el mismo estándar de transparencia que se discute para otros productos; ya lo analizamos en el doble rasero del registro sanitario en estética y en GLP-1, registros y precios en Panamá.

Por qué importa la calidad del medicamento importado

Nada en las fuentes indica que los productos entregados al Minsa sean defectuosos; no hay alerta de calidad ni de la DNFD ni del Minsa sobre ellos. Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como subestándar al producto que “no cumple los estándares y especificaciones de calidad” y como falsificado al que “tergiversa deliberadamente su identidad, composición u origen”, y señala que 1 de cada 10 medicamentos en países de ingresos bajos y medios falló pruebas de control de calidad, lo que indica que son subestándar o falsificados¹³. Una revisión sistemática con metaanálisis en JAMA Network Open estudió la prevalencia y la carga económica de ese problema en esos países¹⁴. Por eso el control posterior a la importación (muestreo del lote, farmacovigilancia) es lo que sostiene la confianza en cualquier vía de excepción, sea pública o privada.

Esta nota es periodismo y análisis regulatorio para médicos. No evalúa ni recomienda ningún uso clínico.