Telemedicina en Panamá: qué puede recetar un médico a distancia

Qué dice la Ley 203 de 2021 sobre telemedicina en Panamá

La telemedicina en Panamá no es un vacío legal. La Ley 203 de 18 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial 29244-A, «establece los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá» y apoya al Ministerio de Salud (MINSA) y a la Caja de Seguro Social (CSS); su artículo 1 permite además que «cualquier entidad privada, que así lo desee» implemente telesalud si cumple los lineamientos¹. El presidente Laurentino Cortizo la sancionó el 18 de marzo de 2021⁵. La ley define la telemedicina como la provisión de servicios de salud a distancia por «profesionales de la salud idóneos» (art. 2, núm. 19) y exige que cualquier prestador, público o privado, cumpla la normativa de habilitación¹.

La ley distingue cuatro categorías: telemedicina interactiva (videollamada en tiempo real), no interactiva (comunicación asincrónica), teleexpertise y telemonitoreo (art. 10)¹. En las dos primeras, «el profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones ordenadas»¹. El art. 9 añade que el profesional, «en el contexto de su autonomía», decide si el usuario requiere atención presencial¹. En el sector público, el MINSA y la CSS son los encargados de implementar el Sistema de Telemedicina (art. 21)¹, y en agosto de 2025 la Resolución 1142 del MINSA creó un programa nacional de telesalud para instalaciones públicas, coordinado con la CSS y enmarcado en la Ley 203⁴.

Recetas a distancia: qué sí regula la ley y qué no

El art. 14 es el que más toca al médico que receta. Establece un «Sistema Digital de Recetas Médicas», una plataforma «mediante la cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el marco de la atención bajo la modalidad de telemedicina», junto con sistemas de certificados de incapacidad y constancias médicas; la firma electrónica tiene plena validez cuando cumple los requisitos de la normativa¹. La prensa de la época resumió que, por telesalud, los médicos podrán emitir recetas e incapacidades⁶.

Lo que la Ley 203 no hace es crear una categoría especial de productos. No contiene reglas propias para sustancias controladas ni para productos sin registro sanitario¹; esas materias siguen en sus propias normas. La Ley 419 de 2024 define la prescripción facultativa como «la receta emitida por un médico idóneo» (art. 3, núm. 71)⁸. Es una lectura de los textos citados, no un pronunciamiento del MINSA: recetar por video no cambia lo que se puede recetar, solo el canal. Sobre el registro sanitario y la importación, véase el mapa legal del médico en Panamá, y sobre la fiscalización de productos sin registro, el caso de las células madre en Panamá. En agosto de 2026 el MINSA inspeccionó dos establecimientos de terapias con células madre y abrió expedientes por posibles incumplimientos, entre ellos «la presencia de productos sin registro sanitario»¹¹.

Médicos extranjeros y plataformas de terceros

El art. 16 dispone que, en los servicios médicos por telesalud o telemedicina, «regirán las mismas limitantes que se establecen para el ejercicio de la medicina presencial en el país» para las instituciones y los médicos extranjeros¹. Dicho de otro modo, atender a un paciente en Panamá desde otro país no exime de la idoneidad panameña. Si la plataforma es de un tercero, el art. 11 hace responsable al prestador de verificar las condiciones de seguridad, privacidad y confidencialidad¹, y el art. 17 exige que las plataformas cumplan el estándar HL7 y permitan interoperar con los sistemas de las instituciones públicas¹. Una investigación publicada en el Anuario de Derecho de la Universidad de Panamá recoge el recorrido de la telemedicina en el país desde 1999 y plantea las preguntas éticas y legales abiertas, entre ellas cómo garantizar el consentimiento a distancia⁹.

Consentimiento informado a distancia

El art. 6 obliga al responsable de la actividad a obtener el consentimiento informado del paciente e informarle «cómo funciona la atención mediante el uso de tecnologías de la información», el alcance, los riesgos, los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad, el manejo de sus datos personales, «las condiciones para prescripción de tecnologías en salud», los procedimientos ante emergencias y ante fallas tecnológicas¹. El consentimiento se deja por escrito en el historial clínico, con firma digital, electrónica o manuscrita¹. Además, toda actividad de telemedicina debe registrarse en el historial clínico (art. 13) y, si se graba la videollamada, se requiere autorización del usuario y del profesional (art. 10)¹. Si se usa inteligencia artificial en la teleorientación, el art. 8 exige informarlo al usuario e indicar el responsable de la plataforma¹.

Datos de salud: Ley 81 de 2019 y el Código Penal

La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial 28743-A, define como sensibles los datos personales que revelen, entre otros aspectos, «datos relativos a la salud» (art. 4, núm. 11)². Para el consentimiento sobre datos sensibles de salud el art. 8 exige que sea «previo, irrefutable y expreso»². La transferencia transfronteriza de datos confidenciales o sensibles se permite si el responsable cumple estándares iguales o superiores a los de la ley, o si el titular consiente (art. 5)², algo relevante cuando la plataforma de videoconsulta almacena datos fuera del país. El Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021 reglamentó la ley, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) creó una dirección de protección de datos personales³. En enero de 2025 la ANTAI recordó que supervisa el cumplimiento y que los datos sensibles requieren mayores garantías de seguridad¹⁰.

Las sanciones son reales. No observar las reglas de datos sensibles es infracción muy grave (art. 41, núm. 2); las multas van de B/.1 000 a B/.10 000 (art. 36) y, en faltas muy graves, puede haber clausura de los registros o suspensión de la actividad de almacenamiento y tratamiento (art. 43)². El responsable también debe indemnizar el daño patrimonial o moral (art. 37)². La propia Ley 203 agravó el Código Penal: su art. 22 reformó el art. 291 para aumentar de un tercio a una sexta parte la pena de los accesos indebidos a bases de datos de «hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos médicos»¹.

Qué dice la evidencia sobre recetar por telemedicina

La ley no resuelve si recetar a distancia es seguro; eso lo miden los estudios, casi todos de Estados Unidos y por tanto no extrapolables sin más a Panamá. En infecciones respiratorias pediátricas, una cohorte emparejada con 4604 consultas de telemedicina directa al consumidor encontró antibióticos en el 52 % de las visitas, frente al 42 % en urgencias y el 31 % en pediatría de atención primaria, y un manejo acorde con las guías en el 59 % frente al 67 % y el 78 %¹². En otro estudio de 12 842 consultas por infecciones respiratorias, se recetaron antibióticos en el 55 %, y el 93,4 % de los padres dio cinco estrellas cuando hubo antibiótico, frente al 80,8 % cuando no lo hubo: la satisfacción puede empujar a recetar de más¹³.

El resultado no es uniformemente negativo. En una cohorte retrospectiva de veteranos estadounidenses con trastorno por consumo de opioides tratados con buprenorfina, usar telesalud se asoció con menor riesgo de abandonar el tratamiento que la atención presencial (cociente de riesgo ajustado 0,69; IC del 95 %: 0,60 a 0,78 en trastornos por sustancias)¹⁴. La conclusión práctica para el médico es que el canal importa menos que el protocolo: indicación documentada, seguimiento y criterio para derivar a consulta presencial, que el art. 9 de la Ley 203 deja expresamente a su juicio¹¹²¹⁴.